Antes de ser asesinado a balazos este 24 de septiembre, Óscar Eyraud, de 34 años, defendió en los últimos meses el derecho al agua y el territorio de los Kumiai en Tecate, Baja California, donde habitan unas 500 personas indígenas. Dos semanas antes, el periodista veracruzano Julio Valdivia también fue asesinado. La violencia contra los periodistas y activistas no para en el país.
Tan sólo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas al menos 31 personas activistas y 21 periodistas en nuestro país. A esta situación, se suman las constantes agresiones (y hasta espionaje) que sufren cuando ejercen su derecho a manifestarse o en el labor de su profesión.
Estos casos demuestran el peligro al que se enfrentan todos los días las personas defensoras de los derechos humanos y comunicadores en México, uno de los países más riesgosos para ejercer la libertad de expresión, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional.
Un defensor del agua
Óscar Eyraud “luchaba por justicia, porque mientras se otorgan grandes concesiones a empresas transnacionales, la comunidad de Kumiai no tiene agua ni para lavarse las manos”, escribió el político Jorge Álvarez Maynez, en sus redes sociales.
Apenas el 31 de agosto pasado, Óscar habló de cómo grandes extensiones de tierra en su comunidad Kumiai se habían secado por la falta de agua, lo que había provocado la migración de muchos de sus pobladores a Tecate, según dijo en una entrevista con el periódico Reforma.
“Todo esto desapareció por falta de agua, porque no tenemos la suficiente agua. No tenemos un permiso para la extracción de agua y quisiéramos que Blanca Jiménez, la titular de la Conagua (Comisión Nacional del Agua) nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua”, decía Óscar, sobre las concesiones que tienen empresas transnacionales en esa zona.
Cubrir asesinatos por mil pesos a la semana
A bordo de su motocicleta azul, Julio Valdivia, de 43 años, cubría la nota roja entre los límites de Oaxaca y Veracruz para el diario El Mundo de Córdoba, por un salario de mil pesos a la semana, en una zona dominada por grupos criminales.
Tenía dos hijas y semanas antes de su muerte, había denunciado amenazas de muerte. El 9 de septiembre, su cuerpo decapitado fue hallado en el municipio de Tezonapa, en Veracruz, donde también vivía.
Un día antes de su asesinato, Julio escribió una nota sobra una balacera en Cosolapa, localidad oaxaqueña, cercana al municipio de Tezonapa, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con Animal Político.
La defensa que no llega
A principios de este año, el gobierno de López Obrador acusó a las personas activistas y a las organizaciones civiles porque, según dijo, “callaron como momias” en sexenios pasados y ahora se están manifestando contra la violencia e inseguridad del país.
Una de las promesas del sexenio de López Obrador fue luchar contra la pobreza, “lo cual implica invertir en grandes proyectos extractivos, mientras que las defensoras y defensores que se oponen a ellos se enfrentan a enormes riesgos debido a los poderosos intereses corporativos y a las posibles ganancias en juego”, según el último informe de la organización internacional Front Line Defenders.
Con la prevalencia de estos asesinatos, México tiene una deuda para proteger a las personas que defienden los derechos humanos y los periodistas, para que puedan ejercer su profesión, sin que tengan que pagar con su vida.