El Partido Fuerza por México, que encabeza el líder sindical Pedro Haces, realizó pagos no autorizados a presuntos proveedores por casi 34 millones de pesos, de los recursos públicos que ya no podía utilizar cuando se declaró su pérdida de registro, por lo que el INE le exigió devolverlos y ordenó mancomunar sus cuentas bancarias, suspender la entrega de prerrogativas restantes en el año, además iniciarles un proceso administrativo.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) exhibió los abusos de este partido y las violaciones a la normativa, pues una vez que se declaró la pérdida de su registro, los recursos públicos quedaban sujetos a la vigilancia y autorización del interventor asignado, que el partido Fuerza por México ha pasado por alto e ignorado.
“Lamentable que nos encontremos en este punto en el que el Consejo General tenga la necesidad de emitir medidas provisorias para evitar que se haga un mal uso de recursos públicos por parte del partido político mencionado. El interventor ha informado a esta autoridad que dicho partido ha estado realizando diversos gastos y pagos sin su autorización, contraviniendo la normatividad.
“No se trata de hechos aislados ni de montos menospreciables, ha sido una conducta sistemática desde el inicio mismo del periodo de prevención a partir del cual un partido en proceso de extinción no puede realizar gastos contrariando deliberadamente las normas. El partido Fuerza por México ha realizado múltiples gastos no autorizados que alcanzan casi los 34 millones de pesos, a pesar de las recurrencias que el interventor le ha mencionado”, explicó el consejero Jaime Rivera, presidente de la comisión de Fiscalización.
El informe presentado ante el Consejo General detalla 140 pagos por concepto de “proveedores” que van desde los 556 pesos hasta 2.6 millones de pesos, que suman 33 millones 920 mil 104.06 pesos.
Las y los consejeros aprobaron varias medidas en contra del partido que encabeza Pedro Haces, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) como “mancomunar las firmas de las cuentas bancarias del partido para incluir en ellas mismas la firma del interventor, ya no sólo pedir la autorización, sino evitar que siga usando como lo ha hecho los recursos de estas cuentas sin autorización; suspender la realización de cualquier pago o gastos mientras se lleve a cambio el firmas de cuentas bancarias con excepción de impuestos; entregar cuentas de Comité Ejecutivo Nacional y de los estatales de junio a septiembre”.
Asimismo, deberá “reintegrar los recursos de los que dispuso sin autorización del interventor en un plazo de cinco días hábiles; un informe de erogaciones autorizadas; que se retengan prerrogativas que tiene derecho en noviembre y diciembre hasta que haya cuenta mancomunada y se retengan los depósitos correspondientes: y que la Unidad Técnica de Fiscalización inicie procedimiento oficioso para investigar uso y destino de estos recursos hasta deslindar responsabilidad”.
La consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización, lamentó que un partido político caiga en este tipo de abusos y consideró que esto genera una alerta para revisiones a la normativa, como el por qué se siguen entregando prerrogativas a un partido que ya no tiene ese registro. “Si bien están en impugnaciones, que llaman impugnaciones madre, no veo la necesidad de que sigan contando con recursos cuando ya no tienen que mantener ninguna estructura, es parte de otro análisis que las autoridades electorales, tanto administrativas como electorales, tendríamos que hacer.