Desde varios frentes se estrecha el cerco en torno al exgobernador perredista de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, señalado por la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla de haber cometido presuntos delitos relacionados con daños al erario, peculado y mal manejo de recursos públicos.
Las denuncias contra Aureoles se acumulan: además de la carpeta de investigación que se encuentra abierta en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR), el actual gobierno estatal presentó recientemente las propias ante instancias del ámbito federal y local, contra el exmandatario y varios de sus colaboradores.
A lo anterior se añaden observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán por la realización de obras de deficiente calidad, así como una demanda de juicio político contra el anterior titular del Ejecutivo, interpuesta ante el Congreso del Estado por una organización de productores que denunció anomalías en un programa ganadero.
Hasta ahora es difícil cuantificar el monto total de recursos públicos que podrían haber sido erogados de manera irregular por el gobierno anterior, porque “cada vez salen más”, señala el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, en entrevista con Proceso.
No obstante, al sumar la voluminosa deuda pública heredada y los daños directos al erario que se han documentado en las denuncias, el funcionario calcula una cifra que rebasaría los 50 mil millones de pesos, entre ellos 20 mil millones en créditos bancarios, más 5 mil millones de los seguros; 13 mil millones de adeudos a proveedores; 9 mil millones de pasivos a instancias gubernamentales, incluida la nómina atrasada de los maestros; así como varios miles de millones correspondientes a presuntos malos manejos detectados en obras y adquisiciones.
Por lo pronto, el gobierno michoacano anunció el lunes 21 de febrero que presentó las primeras seis denuncias en materia penal, derivadas de irregularidades en el gasto público durante la pasada administración, que implicarían una afectación al erario de más de 5 mil millones de pesos.
La secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, refirió que cuatro de las denuncias fueron interpuestas contra exfuncionarios y el representante legal de una empresa privada, ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los probables delitos en agravio del gobierno de Michoacán son enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Torres Piña precisó que por la naturaleza de las denuncias e investigaciones se mantendrá la secrecía sobre los detalles. Pero sí informó que entre los hallazgos destaca la firma de contratos con una empresa sin capacidad económica y jurídica suficiente para prestar el servicio, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
Con información de Proceso
