Luego de dos días de negociación en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, el día de ayer sábado 19 de marzo el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM) decidió que no es suficiente lo que le ofrece la parte patronal. Quieren otro bono para sumarlo a los más de 23 que ya reciben y que poniéndolo en pesos ya implica más de 65,000 pesos al año por trabajador, o sea, alrededor de 58 millones y medio de pesos. El bono extra que están solicitando los trabajadores sindicalizados significaría al Poder Judicial alrededor de 10 millones de pesos, dinero que no tiene.
Los usuarios de la justicia son los más afectados, los sindicalizados no han reparado en que estos son años difíciles y que las instituciones no han recibido incremento a los presupuestos. Quieren lo imposible y lo quieren ya.
Cada mes ingresan y se resuelven alrededor de 7,000 asuntos en los juzgados, así que esa cantidad de personas serían las afectadas por esta negligencia de los 900 trabajadores que mantienen la huelga desde el 1 de marzo. Ya son 20 días y ellos tan tranquilos.
En días pasados, hicieron un llamado a los abogados que litigan los asuntos en los juzgados y les pidieron ayuda que derivó en que en lugares como Uruapan y La Piedad impidieran el acceso a los trabajadores de contrato y de confianza, contraviniendo el derecho de acceso a la justicia y entorpeciendo el seguimiento de los casos que tanto exigen se resuelvan con prontitud y que ahora no les están resultando tan importante; o sea, exigen servicio y cierran las puertas del servicio y entonces no hay servicio.
El asunto preocupante es que se han convertido en voceros de las peticiones de los sindicalizados, en reuniones públicas y privadas tienen los datos a la mano, no piden que los asuntos se resuelvan pronto, ni que haya suficientes materiales en los juzgados, ni mejores espacios para la impartición de justicia, piden que les aumenten el salario a los sindicalizados. Sí, sólo a los sindicalizados. ¿Qué le pedirán después a cambio al Sindicato?
El formato de huelga de puertas abiertas no fue una decisión del Consejo del Poder Judicial, fue del referido Tribunal de Conciliación y Arbitraje, advirtiendo el derecho que asiste a los usuarios a recibir el servicio de acceso a la justicia. Así que desde hace ya tres semanas, los trabajadores de contrato y confianza han puesto todo su esfuerzo por atender a las miles de personas que acuden todos los días a los juzgados, se han realizado movimientos del mismo personal para que, en la medida de lo posible, no se interrumpa el servicio. La realidad es que son ellos quienes asumen la responsabilidad que tienen como servidores públicos y atienden a las personas.
La parte patronal ha cedido en varias ocasiones, ampliando los ofrecimientos, el 3.5% de aumento al salario y compensación, 1.5% a prestaciones, acordando entrega de plazas, otorgando días inhábiles, intentando por todos los medios llegar a un acuerdo y que se restablezca al 100% el servicio; están haciendo magia, ofrecer más con el mismo presupuesto.
Cuando están en las negociaciones, los sindicalizados sólo atinan a decir que no aceptan las propuestas, que no son suficientes, y a pregunta expresa de qué es lo que quieren, la lideresa responde ¿qué ofrecen?, como si se tratara de un juego.
En conclusión, no hay voluntad; quizás el Sindicato está aprovechando el cambio de Presidencia y quiere sentar un precedente para futuras negociaciones, lo cual a todas luces y en las condiciones actuales del estado, es una falta de respeto no sólo para la institución, sino para todos los michoacanos.