MORELIA, Mich., 26 de agosto de 2022.- La política pública basada en los principios de prohibir, vigilar y castigar, ha sido ineficaz para contener el cambio de uso de suelo y la tala ilegal, dada la dificultad y el alto costo que implican esas acciones para el Gobierno, sobre todo en un escenario donde no se respeta el estado de derecho.
Este modelo, burocrático y poco eficaz, tampoco ha logrado propiciar que el bosque otorgue beneficios económicos tangibles y directos a sus dueños, se reconoce en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2022.
La propuesta del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla es la de construir una política pública que más que prohibir o dificultar el aprovechamiento de bosques y selvas, oriente a sus dueños sobre el uso sostenible de los recursos forestales.
“Apoyaremos la creación de empresas forestales comunitarias, la certificación de sus productos y el buen manejo de bosques y selvas, así como el impulso de plantaciones forestales comerciales.
Estos serán mecanismos que lleven a los pueblos que viven en y del bosque, a una mejor calidad de vida y que Michoacán se constituya en un estado con una fuerte economía forestal”, se indica.
Se pretende también mantener el liderazgo nacional en la producción de resina y su relevancia en el país en la producción de madera en rollo, pero más importante serán las estrategias que promuevan procesos para lograr otorgar valor agregado a estos productos y representen mayores ingresos para los dueños y poseedores del bosque.
En el documento se indica que para poder frenar la deforestación se deben entender las causas de la misma y, hasta ahora, los gobiernos han sido omisos y, en su silencio, se han convertido en cómplices de la depredación y la destrucción de los recursos naturales.
“Nosotros no somos contrarios al crecimiento económico y a la generación de riqueza, ni al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pero no podemos tolerar un desarrollo que pone en riesgo la vida de comunidades enteras y de ecosistemas”, se señala en el Pladiem.
Por ello se propone que mediante el diálogo con los productores, los pueblos originarios, los ejidos y las comunidades, el establecimiento de un nuevo estado de derecho para el medio ambiente, que permita sentar las bases éticas y sociales de un modelo de desarrollo que incorpore en su haber la idea de que, ante todo, está la ponderación de todas las formas de vida.