Durante el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán se hizo un desfalco al erario por más de mil millones de pesos en las licitaciones para la construcción de los hospitales de Ciudad Salud, en el que una parte importante del dinero fue desviado a una empresa cercana a Latinus, el medio en el que Carlos Loret de Mola y Brozo golpetean al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con un reportaje publicado por el diario Milenio e impulsado por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO, el gobierno de Michoacán realizó licitaciones supuestamente simuladas o irregulares en diversos contratos que suman mil 127 millones de pesos.
La revisión a esos documentos arroja que algunas de las empresas beneficiadas están vinculadas a aliados políticos de Aureoles.
Tal es el caso de GCQ Construcciones, vinculada con Carlos Herrera Tello, ex secretario de Gobierno y ex candidato al Gobierno de Michoacán; y Samedic, de Alexis Nickin Gaxiola, yerno del ex candidato a la Presidencia, Roberto Madrazo.
Ambas empresas recibieron contratos por 376.4 millones de pesos y 160 millones de pesos respectivamente.
También se favoreció al consorcio integrado por la alianza Roth’s Ingeniería y Constructora Tzaulan, la cual ganó el mayor contrato de la historia: 430.2 millones de pesos en una licitación irregular que permitió competir a Constructora Erlort y Asociados, de los mismos dueños de Roth’s, Manuel Leonardo, Luis Erwin y Luz Eugenia Rodríguez Torres.
“Es el único contrato que han ganado estas empresa en Michoacán, donde les aprobaron diez convenios para obtener 160.1 millones de pesos adicionales y un año y medio más de tiempo para entregar la obra, sin sanción alguna”, menciona el reportaje.
Imagen de Milenio
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró varias irregularidades en estos dos hospitales: pagos por obras no realizadas, convenios no justificados, intereses bancarios no reportados, entre otras, que sumaron 751.6 millones de pesos en observaciones.
Además, la suma de contratos y convenios de ambos hospitales suman un total de mil 842 millones de pesos para el Hospital General y mil 349 millones de pesos en el Infantil. La diferencia entre ambos fue de 492.7 millones de pesos, cuando el primero se construyó para 250 camas y el segundo solo para 100,
Contratos amigos
El brazo derecho de Aureoles, el Secretario de Gobierno Carlos Herrera, era representante legal de Quality Construcciones desde marzo de 2010, una empresa que en 2016 cambió su nombre a GCQ Construcciones.
Foto tomada de Milenio.com
GCQ no tenía experiencia en hospitales y, para solventarlo, se alió con Pátzcuaro. Así ganaron la tercera etapa del Hospital General en abril de 2018, por un total de 376.4 millones de pesos.
La elección de esta empresa significada un potencial conflicto de intereses por otros cuatro motivos más:
- Herrera era alcalde de Zitácuaro y la ley federal de servidores públicos le impedía concursar por obras de gobierno
- Uno de los dueños de GCQ es su concuño, Juan Carlos Pérez Olivares
- La empresa tenía denuncias penales por incumplimiento de obras en el municipio de Tuxpan
- Su amistad con el Gobernador era pública, y en abril de 2019 lo nombró secretario de Gobierno
Hay evidencia que muestra un proceso simulado, pues Edificaciones Tres Ríos y Lerma Edificaciones, las principales contendientes por ser ejecutoras de la segunda etapa, fueron descalificadas pese a estar 60 millones abajo de GCQ.
El argumento para su rechazo es que redactaron mal el nombre de la licitación. Amba empresas procedieron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un concurso desleal, pero nada procedió.
GCQ se llevó dos cuantiosos contratos durante el gobierno de Aureoles. El otro fue en 2017 para la remodelación y ampliación del Centro de Convenciones de Morelia por 188.2 millones de pesos.
La participación de Samedic
Samedic fue creada en 2013 en la Ciudad de México pero apenas en agosto de 2020 fue ingresada al Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC).
En ese registro aparecen como dueños Pablo García Retana y Alan Mayorga Ruda. Como administrador único aparece Alejandro Méndez Gutiérrez; Ander Capistrán Garza como delegado especial y José Eduardo Vieyra Hernández como representante legal.
Alexis NIckin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo, se vincula con Samedic mediante Pablo García Retana, socios en la empresa Quad I Burks, dedicada a la seguridad privada, aunque Nickin tiene 49 de las 50 acciones.
Durante el gobierno de Aureoles, Samedic recibió 498 millones de pesos en cinco contratos:
- 2017:
- 109.8 millones de pesos. Compitió contra Hova Health por servicio médico hospitalario
- 2018:
- 109.8 millones de pesos. Concursante único por imagenología e infraestructura médica
- 160.07 millones de pesos. Adjudicación directa para equipamiento del Hospital General.
- 5.7 millones de pesos. Compite con dos empresas por equipo médico de laboratorio
- 2019:
- 113.2 millones de pesos. Concursante único para equipamiento y mantenimiento de 30 unidades médicas.
Los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) entregaron a Samedic la única adjudicación directa existente en todo el proceso de construcción y equipamiento de los hospitales, argumentando que con antelación se realizaron dos licitaciones, una nacional y una internacional, “no llegando a concretarse la formalización de los contratos”.
La adjudicación fue firmada el 29 de agosto de 2018, 54 días después de la primera licitación y 12 días antes de la segunda.
A su vez, Samedic contrató a pequeñas empresas para colocar camas, esterilizadores, mesas de acero y otros instrumentos médicos en ambos nosocomios.
Es importante recordar que, Alexis Nickin Gaxiola, y el propio Madrazo, financian a la empresa LatinUs, en la que participan Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo.
Roth’s y Tzaulan
Estas empresas ganaron la segunda etapa para construir el Hospital Infantil pese a que la primera nunca había construido un hospital y la segunda presentaba retraso en el hospital de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Los dueños de Tzaulan son Lilliane, Jorge Armando y José Guillermo Vázquez López.
La obra debía arrancar el 09 de enero de 2017 y terminarse el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero en realidad las obras demoraron 17 meses más y cobraron 37 por ciento extra al contrato original, lo que contraviene la Ley de Obras que solo permite el 25 por ciento.