Por Juan Martínez Ochoa
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental presentada en el mes de mayo pasado por parte del INEGI, son las áreas de seguridad pública las más corruptas; en el caso específico de Michoacán, son las autoridades de seguridad las que encabezan los actos de corrupción, esto porque poco más de 60 mil habitantes de cada 100 mil han sido víctimas de corrupción.
En la tierra del Generalísimo Morelos, al menos durante las últimas dos décadas, la secretaría de Seguridad Pública ha sido administrada por civiles y por militares, y ninguno de estos han logrado poner orden; la galopante corrupción que daña y corroe a la secretaría de Seguridad Pública forma parte de su ADN, pero además es alimentada por los propios mandos, quienes de manera arbitraria otorgan compensaciones altísimas a sus colaboradores cercanos o escoltas, piden cuota a la tropa lo cual se convierte en argumento o justificación para cometer actos de corrupción.
Michoacán no puede aspirar a contar con una efectiva lucha contra la delincuencia si sus corporaciones policiacas no se alejan de la corrupción, como confiar en la protección policial si son los más señalados por la población, como confiar en los titulares y en los mandos si estos se sirven con la cuchara grande del presupuesto de la dependencia y son quienes alientan esos actos.
Quizá la institución ocupa un perfil que conozca de administración pública, un hombre o mujer honorable que ponga orden en todos los sentidos, que sea un ejemplo para la fuerza operativa, que sea un estratega en el campo y en el escritorio. A la secretaría le urge un giro de 180 grados, los michoacanos merecen un área de seguridad pública moderna, intachable y siempre atenta para proteger a la gente.